UN ACUERDO NACIONAL
Venezuela vive momentos de la mayor importancia y de inmensas consecuencias para el futuro. Lo que está en juego, simplemente, es salvar el sistema democrático y hacer las rectificaciones necesarias para enmendar errores y asegurar el funcionamiento de un régimen eficiente de libertades y derechos.
La crisis no es solamente política, aunque, tal vez, en este aspecto se manifieste de manera más dramática y perceptible, sino que combina otros muchos aspectos, acaso más difíciles de resolver, que abarcan la estructura del Estado, la economía, la ejecución del presupuesto y la moral pública. Es necesario lanzar una mirada al pasado inmediato para entender las razones y características de esta situación crítica.
La inmensa riqueza producida por la explotación del petróleo en un país de modestas proporciones por su población y por su economía, como era la Venezuela de comienzos de este siglo, produjo inmensas distorsiones y la pérdida total de la noción de los parámetros dentro de los cuales una sociedad puede crecer y desarrollarse sanamente. La situación legal hizo que esa inmensa riqueza quedara enteramente en manos del Estado y que los presupuestos nacionales, sobre todo a partir de los años 70, pudieran multiplicarse por millares de veces de una manera delirante. Los gobiernos a los que les correspondió enfrentar este grave problema de la abundancia no ganada ni producida por el trabajo nacional sucumbieron a la tentación del gasto fácil y del providencialismo gubernamental. El Estado sustituyó, literalmente, a la nación. Podría decirse, paradójicamente, que en Venezuela el Estado no vivía de la nación sino que la nación llegó a vivir del Estado. La malhadada coincidencia de esta súbita y aparentemente inagotable riqueza con una filosofía política predominante que era, por esencia, estatista, intervencionista, populista y vagamente socializante, determinó que la nación entera dependiera económicamente del Estado y que el Estado, a su vez, representara el papel de un pródigo e improvidente distribuidor de dinero fácil.
En una u otra forma, todas las actividades del país terminaron por estar subsidiadas al través del Estado por la riqueza petrolera. Esto provocó la fatal alteración de los factores del proceso económico. Los costos y los precios dejaron de ser los reguladores del mercado, de la producción y del empleo para ser sustituidos por infinitas formas de subsidio, por las que el consumidor terminaba pagando menos del costo real y el productor se compensaba con los subsidios y protecciones que le otorgaba el Estado. Esto condenaba a la economía y a la sociedad venezolanas a una fragilidad mortal. Un descenso significativo y prolongado del ingreso petrolero podría significar el colapso económico y social del país.
Fue esto, precisamente, lo que ocurrió cuando hace pocos años los precios del petróleo dejaron de subir continuamente y se inició un descenso que todavía no parece detenerse y que en el caso de Venezuela se puede definir en términos simples y trágicos: el ingreso petrolero por cabeza de habitante, que llegó a ser de la magnitud de 1700 dólares, ha descendido en un proceso rápido al nivel de 400 dólares.
La abundancia exponencial de la riqueza petrolera no sólo adulteró todos los mecanismos de la economía sino que, al mismo tiempo, creó una realidad política y social sobre bases falsas. Los partidos que controlaron al Estado todopoderoso cayeron fatalmente en un clientelismo desenfrenado y en la pérdida casi total de la noción de las bases ciertas de la vida económica y del proceso social. Junto a eso, en una inextricable mezcla, tenía que aparecer en mil formas el fenómeno de la corrupción; un Estado imprevisor, para quien los costos y los resultados económicos significaban muy poco y que podía compensar con nuevas dádivas y aportes las continuas pérdidas no podía estar preparando para encarar adecuadamente las nuevas exigencias que la realidad económica había planteado de manera urgente.
Lo que está planteado en Venezuela en esta hora es una grande y difícil empresa nacional de reforma y rectificación, que va a exigir mucha comprensión de todos los sectores sociales y no poca voluntad de sacrificio. En este cuadro tan negativo, que podría llevar a las más pesimistas conclusiones, ha surgido, igualmente, un hecho positivo de la más alta significación. En las manifestaciones públicas, en los sondeos de opinión, en los planteamientos que han venido haciendo los distintos sectores sociales aparece, como nota constante, la voluntad reiterada y firme de sostener y defender un régimen genuinamente democrático. Nadie ha propuesto soluciones de violencia, ningún sector ha asomado siquiera la posibilidad de patrocinarlas y, como las voces de un coro unánime, lo que surge de todo el conjunto es el firme deseo de que, por un acuerdo nacional, se evite la ruptura violenta y se llegue a la adopción de medidas prontas y eficaces de efectiva rectificación.
Si los dirigentes políticos no se percatan de la excepcional significación y de la extraordinaria oportunidad que esta situación representa y no aportan sinceramente toda su colaboración para ese acuerdo, estarían asumiendo la inmensa responsabilidad de las soluciones de fuerza, que pudieran surgir si este estado de cosas se prolongara peligrosamente.
Arturo Uslar Pietri, 1992 (Golpe y Estado en Venezuela)