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lunes, 17 de septiembre de 2012

RESUMEN DE “NUESTRA DEMOCRACIA”


Este informe argumenta que las democracias latinoamericanas deben hacer frente a tres desafíos para el ejercicio democrático del poder: articular nuevas formas de participación política para contrarrestar la crisis de representación; fortalecer la organización republicana del Estado, es decir, la independencia de los poderes, su control mutuo y las instancias de rendición de cuentas, e incrementar, en el marco de dichos controles republicanos, el poder político real del Estado, modernizando sus organizaciones y proveyéndolas de recursos humanos eficaces.
Los avances en estos frentes y en el diseño y la ejecución de políticas públicas eficaces en tres campos clave —la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública— son esenciales para la sostenibilidad de la democracia en la región. Se trata, sin embargo, de temas que, tal como lo argumenta el informe, no están siendo suficientemente debatidos en América Latina.
Estos temas, surgidos de un proceso de consultas y debate con un amplio abanico de actores de los dieciocho países de la región, son abordados en el marco de una reflexión sobre el poder y los efectos de las desigualdades extremas —las cuales no son, en última instancia, sino asimetrías de poder— sobre la práctica de la democracia. Pues si bien tiene como punto de partida la legitimidad popular surgida de procesos electorales transparentes, regulares y limpios, la democracia va más allá de las elecciones: es una forma de organizar el poder para ampliar la ciudadanía en sus tres dimensiones: política, civil y social, y evitar o limitar la dominación de unos individuos o grupos sobre los demás. El informe parte, así, de una concepción de la democracia definida no sólo por el origen del poder en la soberanía popular, sino también por su ejercicio a través de las instituciones republicanas de gobierno y normado en el Estado democrático de derecho, y por su finalidad, que es la de garantizar, materializar y extender los derechos ciudadanos en las tres esferas básicas de la ciudadanía. Estos elementos conceptuales son presentados en los dos primeros capítulos del informe.
La cuestión del poder —dónde se localiza, cuán distribuido o concentrado está, si se halla en manos de las instancias designadas democráticamente para ejercerlo (o incluso, en ciertas ocasiones, en la propia ciudadanía) o si es ejercido desde las sombras por los llamados “poderes fácticos”— emerge en el texto una y otra vez bajo fórmulas diferentes. Lo hace, en primer lugar, en el curso del examen del estado de las tres dimensiones de la ciudadanía en América Latina, que se presenta en el capítulo 3. Allí se analizan, en el terreno de la ciudadanía política, las formas de acceso y las condiciones de permanencia en los cargos públicos; la representación de mujeres y minorías étnicas; los mecanismos de toma de decisiones de gobierno (en particular en lo que respecta a las relaciones entre los poderes Ejecutivo y Legislativo), y el diseño del marco constitucional y sus procesos de reforma. En el campo de la ciudadanía civil se consideran, a su vez, la vigencia de las libertades básicas, el acceso a la justicia y el acceso a la información pública; en el de la ciudadanía social, el deficitario acceso de las mayorías a servicios de salud, educación y protección social, y la enorme extensión de la pobreza y la desigualdad.
El tema del poder vuelve a tratarse en el capítulo 4 bajo la forma de examen de una serie de déficits básicos que padecen las democracias latinoamericanas: en primer lugar, la crisis de representación, emparentada con la debilidad de las opciones electorales, la sustracción de temas fundamentales de la agenda democrática al debate público y la intervención de los poderes fácticos, sobre todo mediante la vía del financiamiento de las campañas. En segundo lugar, las debilidades de los controles y contrapesos entre los poderes del Estado y las insuficientes transparencia y rendición de cuentas de los poderes públicos hacia la ciudadanía, que redundan en mayores oportunidades para la corrupción y, por consiguiente, en el desprestigio de la política, la función pública y finalmente de la propia democracia. El tercer déficit abordado es el de la estatalidad, que refiere, más allá de la dimensión del Estado, su capacidad y poder para ejercer sus funciones, desde la más clásica de mantener el monopolio del uso (legítimo) de la fuerza dentro del territorio —hoy amenazada por la creciente penetración de ciertos poderes fácticos— hasta las más innovadoras, resultantes de la redefinición y actualización del papel del Estado democrático, consistente en transformar los derechos de la ciudadanía enunciados en leyes y constituciones en realidades cotidianas vividas por los ciudadanos reales.
A partir de este análisis, el informe propone priorizar tres áreas de política pública para atacar los déficits de las democracias latinoamericanas: la fiscalidad, la exclusión social y la seguridad pública. Estos temas son examinados en el último capítulo.
La primer área de política pública destacada, la fiscalidad, es concebida como un instrumento para equilibrar los poderes económico y político, aumentando concomitantemente la capacidad del Estado para generar ciudadanía. Lejos de ser materia meramente contable o económica, librada al saber de los especialistas, los impuestos son una cuestión central para el sostenimiento de la democracia —tanto más en la medida en que América Latina es la región más desigual del mundo—. El aumento de la capacidad fiscal y tributaria, la lucha contra la evasión y el diseño de una estructura tributaria más progresiva son, en esencia, elementos centrales de la agenda de la democracia.
 Puesto que América Latina es la región del mundo con mayor desigualdad en el rubro de ingresos, también son prioritarias en su agenda democrática —es decir, en su agenda de constitución de ciudadanía— las políticas productoras de integración social —las cuales, a su vez, no pueden perdurar en el tiempo sin una nueva fiscalidad—. La reflexión pública, el debate académico y la demanda ciudadana convergen en algunos principios sobre los cuales esas políticas deberían fundarse, como la universalidad de las políticas sociales y la formalización del mercado de trabajo, con todas las consecuencias que ello acarrea en términos de acceso a la seguridad social.
 Finalmente, uno de los problemas que, según los sondeos, más inquietan a la ciudadanía de nuestros países es el de la inseguridad pública, que redunda en la vigencia incompleta del derecho más elemental de todos: el derecho a la vida, que finalmente podría provocar un deterioro del apoyo ciudadano a las instituciones democráticas. Si bien el problema tiene aristas diferentes en cada país, en todos los casos refiere las limitaciones de la capacidad del Estado para mantener la vigencia de la legalidad frente a los embates de la delincuencia común y del crimen organizado. Partiendo del reconocimiento de la inexistencia de soluciones mágicas, el informe se adentra en la búsqueda de opciones al “garantismo extremo” y a la “mano dura”, es decir, de soluciones que restauren la legalidad al tiempo que preserven los derechos de todos los ciudadanos.

OEA                                       Nuestra Democracia (2010)

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