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jueves, 31 de enero de 2013

NUESTRA DEMOCRACIA / EL PUNTO DE PARTIDA


La desigualdad y el poder

Vivimos el periodo más prolongado de democracia en América Latina. Nunca, desde la independencia, tantos países de nuestra región han vivido en democracia sin interrupciones dictatoriales por tanto tiempo. A su vez, nuestra democracia es singular: somos al mismo tiempo una región democrática y la más inequitativa del planeta. Por eso comenzaremos con el mayor problema de nuestras democracias: las desigualdades de nuestras sociedades y su reflejo en el poder y en el ejercicio de los derechos de los ciudadanos. 

En toda sociedad existen fuertes desigualdades y asimetrías de poder. En América Latina, esas desigualdades se reflejan en particular en la pésima distribución del ingreso. En las últimas décadas, 10% del sector más rico de la población ha recibido, en el promedio de la región, 37% del ingreso. Esta proporción es casi tres veces la que ha recibido el 40% más pobre (poco más de 13%).1 Esa desigualdad económica se refleja en muchas otras formas, entre las que destaca la desigualdad en el acceso al poder. Esta concentración de poder, a su vez, puede acrecentar las desigualdades económicas y sociales. 

Si no estuvieran reguladas y organizadas, estas desigualdades impedirían la realización de los derechos de los que son portadores los individuos; es decir, la ampliación de la ciudadanía. Nadie entregaría naturalmente a otros partes de los beneficios que disfruta por su posición económica y su acceso al poder si no media una acción redistributiva y equilibradora. Esos derechos no se harían efectivos de manera espontánea y, por ende, la ciudadanía, que consiste precisamente en hacer efectivos los derechos individuales, sería casi nula. 

Desde esta perspectiva, la función de la democracia es redistribuir el poder para garantizar a los individuos el ejercicio de sus derechos. Pero, para lograr organizar el poder en la sociedad, la democracia a su vez precisa poder. 

En el informe del pnud de 2004, La democracia en América Latina. Hacia una democracia de ciudadanas y ciudadanos, se decía: 

Los criterios que aquí se presentan son un punto de partida, procuran desencadenar un debate, son su inicio no su culminación. Proponemos que esa agenda incluya: cómo pasar de una democracia cuyo sujeto es el elector a una cuyo sujeto es el ciudadano que tiene derechos y deberes expandidos, en los campos político, civil y social; cómo pasar de un Estado de legalidad trunca a un Estado con alcance universal en todo el territorio y cuyo principal objetivo sea garantizar y promover los derechos: un Estado de y para una nación de ciudadanos; cómo pasar de una economía concebida según los dogmatismos del pensamiento único a otra con diversidad de opciones, y cómo construir un espacio de autonomía en la globalización. Se trata, en fi n, de llenar de política a la sociedad y, consecuentemente, de sociedad a la política.2

Esas metas también guían este trabajo. 

Discutiremos algunas de las condiciones y necesidades para hacer de América Latina una región donde la democracia perdure, se regenere y se amplíe. Analizaremos la cuestión de la sostenibilidad democrática latinoamericana y promoveremos la incorporación de los temas que surjan de este análisis a la agenda política de nuestras sociedades. 

En última instancia, este trabajo indaga cómo la democracia puede convertirse en la organización de la sociedad que plasme los derechos nominales en realidades concretas, cotidianas y vividas, que genere una sociedad democrática donde se amplíe el ejercicio de la ciudadanía política, civil y social. 

Partimos de reconocer que no gozamos de la democracia que estamos en condiciones de tener por nuestro nivel de desarrollo y la disponibilidad de recursos. Más allá de las quimeras, hay un grado de desarrollo democrático al cual deberíamos acceder y que sin embargo no se ha alcanzado. ¿Por qué la democracia realizable y exigible no se logra? Indagar las causas de este défi cit motiva nuestro estudio, el cual sostiene, como se ha dicho, que éstas se encuentran en buena medida en la negación o la ignorancia de temas vitales para nuestras sociedades. 

En su más reciente obra, Amartya Sen escribió: 

“En el pequeño mundo en el cual los niños ven transcurrir su existencia —dice Pip en las Grandes expectativas de Charles Dickens—, no hay nada tan finamente percibido y sentido como la injusticia.” Creo que Pip tiene razón: él recoge intensamente, luego de su humillante encuentro con Estella, la Coerción caprichosa y violenta que sufrió siendo pequeño de parte de su hermana. Pero la fuerte percepción de la injusticia manifiesta también se aplica a los seres humanos adultos. Lo que nos mueve, de forma razonablemente suficiente, no es el convencimiento de que el mundo no alcanza a ser suficientemente justo—lo que pocos de nosotros espera—, sino que existen a nuestro alrededor injusticias claras y remediables que queremos eliminar.3

Es esa percepción de la injusticia, semejante a la que se tiene de la desigualdad, la que debilita el sentido de la democracia. 

Nuestras democracias trajeron libertad, la libertad promovió el debate público, nutriente esencial para el desarrollo de la democracia. Sin embargo, ciertos temas y formas de ver algunas cuestiones parecen vedados en el momento de discutir y elegir el rumbo de una sociedad. “De eso no se habla” parece ser la norma tácita que marca los límites de nuestras agendas políticas. Pero si la democracia enfrenta injusticias “claras y remediables”, parecería útil hablar de lo que no se habla, proponer la discusión de lo vedado. 

El político francés Pierre Mendès France, quien ocupó el cargo de primer ministro en 1954-1955, dijo: “todo individuo contiene un ciudadano”. Estas palabras sintetizan el principal desafío de las democracias. Mendès France afirmaba, de manera cuidadosa, que el individuo contiene un ciudadano; no decía que es un ciudadano. Le corresponde a nuestras sociedades organizadas democráticamente acercarse al cumplimiento de ese desafío.


1 Con base en datos de CEPAL, base de estadísticas e indicadores sociales. 
2 pnud, 2004, p. 182. 
3 A. Sen, 2009, p. VII 
ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS 
PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
FONDO DE CULTURA ECONÓMICA 
INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL 
AGENCIA CANADIENSE DE DESARROLLO INTERNACIONAL 
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y DE COOPERACIÓN 
AGENCIA ESPAÑOLA DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO

martes, 22 de enero de 2013

El "espíritu de 23 de enero"

Semanas antes de caer la dictadura, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera y Jóvito Villalba se reunieron en Nueva York para analizar los errores del pasado y para ponerse de acuerdo sobre lo que habría que hacer una vez derrocado el gobierno de Marcos Pérez Jiménez. Las conclusiones fundamentales de sus conversaciones fueron, primero, la necesidad de evitar los enfrentamientos y el sectarismo que habían caracterizado al Trienio y, segundo  que la estabilización de la democracia demandaría acuerdos de cooperación política entre los distintos sectores de la sociedad. Esta "lección del 24 de noviembre de 1948" —fecha del golpe contra Rómulo Gallegos— constituyó una de las bases de los acuerdos "pactistas" que se establecieron después del 23 de enero de 1958 entre las distintas fuerzas organizadas del país. 

La otra base de esos acuerdos estuvo representada por el carácter colectivo de las jornadas del 23 de enero y por el llamado "espíritu de unidad" que emergió de ellas. La amplia participación de civiles y militares en la lucha final contra la dictadura contribuyó, en efecto, a crear un clima de unidad política y de militancia en favor de la democracia. Esta disposición a la lucha democrática forzó, gracias a motines callejeros y protestas en las filas militares, la salida de la Junta de Gobierno de los coroneles Roberto Casanova y Abel Romero Villate, quienes habían sido los vencedores de la rebelión del 1° de enero, encabezada por el Coronel Hugo Trejo. Con la salida de estos dos oficiales el mismo 24 de enero, se incorporaron dos civiles a la Junta de Gobierno: Eugenio Men­doza y Blas Lamberti. 

Los principios y acuerdos de conciliación políti­ca se concretaron formalmente en el "Pacto de Punto Fijo", suscrito el 31 de octubre de 1958 por Rómulo Betancourt, Raúl Leoni, Gonzalo Barrios, Rafael Caldera, Pedro del Corral, Lorenzo Fernán­dez, Jóvito Villalba, Ignacio Luis Arcaya y Manuel López Rivas. El 13 de febrero del año siguiente, con la investidura de Betancourt como Presidente de la República, la ejecución del "Pacto" se puso en marcha. Atendiendo a sus pautas generales, el Gabinete Ejecutivo quedó integrado por indepen­dientes y por representantes de los tres grandes partidos: tres ministros de URD, dos de AD y dos de Copei. Asimismo, las gobernaciones se distribu­yeron entre esas organizaciones, aunque utilizando en este caso una especie de sistema de cuotas, de acuerdo con el cual se nombraba gobernador a un miembro del partido que hubiese alcanzado la más alta votación en cada estado o entidad federal (Velázquez, 1979, p. 231). 

Es de hacer notar que los alcances del "Pacto" no se limitaron al Gabinete Ejecutivo y a las goberna­ciones de estado. Ya durante el mes anterior se habían instalado las Cámaras del Congreso con unas directivas integradas por representantes de los tres partidos. En el Senado, Raúl Leoni (AD) ocu­pó la Presidencia, mientras J. M. Domínguez Chacín (URD) y Patrocinio Peñuela Ruiz (COPEI) ocupaban las vicepresidencias. En Diputados, por su parte, Rafael Caldera (COPEI) fue instalado como Presidente, en tanto que Rigoberto Henríquez Vera (AD) y Vidalina de Bártoli (URD) fueron escogidos como Vicepresidentes. 

En apariencia, "Punto Fijo" fue un pacto esencialmente interpartidista. El esquema de conciliación política del cual el pacto formaba parte abarcó, sin embargo, a otros sectores organizados de la sociedad. En concreto, el mismo se tradujo en un pacto de "Avenimiento Obrero-Patronal" y en el compromiso de los altos mandos de las Fuerzas Armadas de apoyar la democracia y defenderla contra cualquier intentona golpista. 


Más y Mejor Democracia / Grupo Roraima /Capitulo II / Veintinueve años despues / 1. La caída de la dictadura y la búsqueda de la unidad: El espíritu del 23 de enero” págs 17-18 / 1987

viernes, 18 de enero de 2013

¿LIBRES O FELICES?

Quiero serte franco: vivir en una sociedad libre y democrática es algo muy, pero muy complicado. En el fondo, los grandes totalitarismos de nuestro siglo (comunismo, fascismo, nazismo y los demás que vengan, si es que aún falta alguno) son intentos de simplificar por la fuerza la complejidad de las sociedades modernas: son enormes simplezas, simplezas criminales que intentan volver a algún beatífico orden jerárquico primigenio en el que cada cual estaba en su sitio y todos pertenecían a la Tierra Madre y al Gran Todo Común. El enemigo siempre es el mismo: el individuo, egoísta y desarraigado, caprichoso, que se desgaja de la acogedora unidad social (lo que un pensador bastante cruel, Federico Nietzsche, llamaba «el calor de establo») y se toma demasiadas libertades por su cuenta. Los totalitarismos siempre hacen burla de las libertades «formales o burguesas» que están vigentes en los regímenes más abiertos: las ridiculizan, demuestran su inoperancia, las consideran un simple engañabobos... ¡pero en cuanto pueden acaban con ellas! Saben que a pesar de su aparente fragilidad, de su frecuente ineficacia, el unanimismo totalitario no puede coexistir con las libertades políticas elementales: si se las tolera, a la larga acaban con la autoridad de tanques y policías. 

Bien, es lógico que los Estados totalitarios pretendan aplastar las libertades individuales, pues su nombre mismo proviene de «todo» y por lo tanto no se conforman con tener que compartir el poder con cada uno de los ciudadanos. Pero los enemigos de la libertad no siempre están fuera sino también dentro de los individuos mismos. Un psicoanalista con ambiciones de sociólogo, Erich Fromm, escribió hace casi medio siglo un libro muy interesante cuyo título es significativo: Miedo a la libertad. Ése es el problema. Al ciudadano le da miedo su propia libertad, la variedad de opciones y tentaciones que se abren delante de él, los errores que puede cometer y las barbaridades que puede llegar a hacer... si quiere. Se encuentra como flotando en un tópico mar de dudas, sin puntos fijos de referencia, teniendo que elegir personalmente sus valores, sometido al esfuerzo de examinar por sí mismo lo que hay que hacer, sin que la tradición, los dioses o la sabiduría de los jefes pueda aliviarle demasiado su tarea. Pero, sobre todo, el ciudadano le da miedo la libertad de los demás. El sistema de libertades se caracteriza porque nunca puede uno estar del todo seguro de lo que va a ocurrir. La libertad de los otros la siento como una amenaza, porque me gustaría que fuesen perfectamente previsibles, que se pareciesen obligatoriamente a mí y no pudiesen ir nunca contra mis intereses. Si los demás son libres, está claro que pueden portarse bien o mal. ¿No sería mejor que tuviesen que ser buenos por narices? ¿No corro demasiados riesgos dejándoles en libertad? Muchas personas renunciarían con gusto a su propia libertad con tal de que los otros tampoco disfrutaran de ella: así las cosas serían en todo momento como tienen que ser y sanseacabó. Mi libertad es peligrosa, porque puedo utilizarla mal y hacerme daño a mí mismo; la de los otros no digamos, porque pueden emplearla en hacerme daño a mí. ¿No será mejor acabar con tanta incertidumbre? No creas que siempre son los gobernantes los que pretenden acabar con las libertades o castrarlas al máximo: en demasiadas ocasiones son los ciudadanos los que les solicitan esta represión, cansados de ser libres o temerosos de la libertad. Pero en cuanto a un Estado se le da la oportunidad de limitar las libertades «por nuestro bien» rara vez deja de aprovecharla. Algunos políticos totalitarios, como Adolf Hitler, llegaron al poder por medio de elecciones: de modo que ya se ha dado el caso de que los ciudadanos libres utilicen su libertad para acabar con las libertades y empleen la mayoría democrática en abolir la democracia. 

Fernando  S a v a t e r / Política p a r a  Am a d o r / Capítulo octavo: ¿LIBRES O FELICES? Págs 56-57

viernes, 11 de enero de 2013

Ceremonias

Felipe II, el monarca más poderoso de sus días, le reclamó a su Embajador ante el Papa Gregorio XIII, haber creado un incidente con el Vaticano por un asunto que calificó como de mera ceremonia. « ¿Todo esto por una ceremonia?» preguntó, a lo cual el Embajador respondió: ¡Vuestra Majestad es una ceremonia!» 

La anécdota ilustra uno de los misterios del gobierno de toda sociedad humana, desde la más primitiva hasta la más avanzada, que hace que cuando una persona, en virtud del dogma de alguna abstracción legal, sea ceremonialmente investida con la facultad de gobernar, los gobernados sienten la obligación de acatarlo, obedecerlo y respetarlo. Los romanos llamaron eso auctoritas. Y la experiencia muestra que cuando la auctoritas se debilita, el misterio del derecho de mandar y la obligación de acatar, respetar y obedecer al que manda, se debilita. De esa debilidad nace el desorden, de allí se pasa a la anarquía y en última instancia, ello lleva al ejercicio del derecho a la rebelión. 

Todo orden de gobierno es una ceremonia. El acatamiento y respeto a la Ley Constitucional del Estado es la base de todo orden de gobierno. Y ese «leguleyísmo» se hace visible por medio de símbolos y ceremonias. La leguleya idea abstracta, fundamento de todo orden de gobierno, se transforma mágicamente en símbolos visibles del mando: corona, cetro, bastón, bandera, banda, escudo, himno, etc. Toda ceremonia de gobierno es la muestra visible y externa del respeto y acatamiento que se le deben a la autoridad legítimamente constituida. En el orden de mando militar, más que en ningún otro, los símbolos y las ceremonias son consustanciales a la autoridad y la disciplina, inherentes a la naturaleza de sus funciones. Cuando lo militar se desmilitariza en sus ceremonias de mando, el orden se vuelve desorden. 

Como en todas partes, los símbolos y ceremonias del poder presidencial en Venezuela son la materialización de una «leguleyería» constitucional. Todo gobernante que abuse, o irrespete, las ceremonias de su poder constitucional de mando, debilita sus facultades y merma el derecho de hacerse obedecer. Si por un falso sentido de democratismo populachero, un Presidente hace burla de la majestad de su cargo, cava la fosa de la tumba de su autoridad. Si hace burla de su poder, pierde su autoridad. Si abusa de su poder, lo degrada. Si viola la Ley Constitucional que lo legitima, abre las puertas el ejercicio al derecho de rebelión. La legitimidad del derrocamiento de todo gobernante está en relación directa al abuso que este haga de sus poderes y facultades. El camino que lleva allí, suele empezar con la degradación ceremonial de su autoridad. Pues como le dijo el Embajador al Rey: toda majestad es una ceremonia. Si el rey pierde la ceremonia, pierde su majestad. Si pierde su majestad, pierde su autoridad. Y si pierde su autoridad, pierde el poder de mandar y hacerse obedecer. 

Ceremonias/Dos visiones de un enigma /Jorge Olavarría/21 de marzo de 1999 
La Revolución Olvidada; R.J.Lovera De-Sola

martes, 8 de enero de 2013

CONSTITUCIÓN / Fernando Savater

La constitución es algo así como el reglamento general del juego democrático. Leyendo su texto uno debería saber más o menos a qué atenerse respecto al tipo de convivencia que va a conocer en su país, así como los derechos y deberes que le corresponden (por supuesto, hará bien en rebajar un tanto las promesas más radiantes, porque las constituciones son un poco como los folletos de las agencias de viajes, en los que todos los paisajes fotografiados aparecen bañados por el sol). Sin duda, la Constitución no es un texto intocable, una vaca sagrada jurídica que nunca podremos apartar de nuestro camino aunque haya buenas razones para ello: no es una jaula de la que ya no se puede salir una vez que se ha entrado. Pero tampoco parece prudente someterla ante cualquier oleaje social a cambios sucesivos, siguiendo la moda o las presiones del momento: le va bien una cierta imperturbabilidad anticuada, como la peluca a los jueces británicos. Y eso a pesar de la opinión de Jefferson, que proponía cambiar la Constitución cada cinco o seis años para evitar a la nueva generación la carga de los compromisos del pasado… 

A mi juicio la Constitución más satisfactoria es la que deja ligeramente insatisfecho a casi todo el mundo. Si la constitución satisface plenamente a una parte de la población, aunque sea a la mayoría, será porque ha dejado también radicalmente frustradas a varias minorías. Después de todo, se trata de establecer la convivencia entre intereses sociales contrapuestos, y es sano que todos hayan tenido que ceder en sus propósitos y prerrogativas, para que nadie olvide que no vivimos solos, que la armonía con los demás siempre se consigue al precio de asumir alguna frustración en nuestros deseos. Ningún ciudadano está exento de acatar la constitución, pero este respeto debe exigirse mucho más a quienes ocupan puestos de autoridad y también a los que gozan de mayores privilegios sociales o más reconocimiento público: si ellos, los más directos beneficiarios de la Magna carta, no dan ejemplo de respeto a las reglas del juego será difícil que se lo exijan a quienes padecen los aspectos menos favorables de la sociedad.

domingo, 6 de enero de 2013

¿GOLPE DE ESTADO EN VENEZUELA? / LUCHA INTESTINA EN EL CHAVISMO

El Vicepresidente Nicolás Maduro, encargado legalmente de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, mientras dure la ausencia autorizada del Presidente Hugo Chávez, decía en una de sus últimas declaraciones: “No hay, ni habrá vació de poder ya que el Presidente Chávez sigue y seguirá siendo el Presidente mas allá del 10 de enero aunque no se juramente ese día, por que se podrá juramentar posteriormente ante el Tribunal Supremo de Justicia”. 

Esas declaraciones que parecían dirigidas a la oposición en realidad representan un Golpe de Estado a la Constitución y mas específicamente al Presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello. 

La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela dice especifica e indudablemente que “en ausencia permanente del Presidente al no poder jurar su cargo, automáticamente dicho cargo pasa a ser ejercido por el Presidente de la Asamblea Nacional, quien debe organizar en el lapso de 30 días nuevas elecciones para escoger al Presidente de la República”. 

Cuando dentro del Chavismo la línea civil pro-cubana representada por Nicolás Maduro hace el planteamiento de que aunque Chávez no se juramente el 10 de enero, Nicolás Maduro seguirá ejerciendo de Presidente, automáticamente le niega al Presidente de la Asamblea Nacional cumplir la Constitución. 

Este planteamiento si se lleva a cabo es técnicamente un Golpe de Estado contra la Constitución, contra la Democracia venezolana, contra la mitad del PSUV cuyo líder es Diosdado Cabello y contra la oposición. 

Plantear que Chávez pueda ser juramentado en Cuba, puede ser etiquetado de diferentes maneras: Traición a la Patria, anti-constitucional o simplemente Ridículo. 

Arístides Peraza Torres 
C. I. V 2.013.944. 
aristides_peraza@hotmail.com

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