Para
el examen de la situación en la cual está el Ejército de Venezuela este mes de
junio, propongo como hipótesis que el Ejército de Venezuela, el cual en 1998
era profesional, apolítico, obediente y no deliberante; estaba al servicio del
Estado y de sus instituciones, y no de una persona o un partido; tenía un
adecuado apresto militar para cumplir con su función disuasiva y su papel de
garante de la integridad territorial, y el cual objetivamente existía en 1998
cuando el teniente coronel Hugo
Chávez fue elegido presidente de la República, ya no existe.
Ha
sido destruido. Lo que de él queda está siendo y será desmantelado y
reemplazado por un modelo de Ejército
adecuado a la interpretación que el Presidente hizo de lo que entiende es la
"seguridad nacional" y la "defensa integral", anunciadas en
el discurso del 16 de mayo de 2004, y que son -según Chávez- la base
constitucional para la creación de "milicias populares".
El
objetivo final de la transformación que se ha hecho y se anuncia se hará del
Ejército de Venezuela es crear milicias populares para imponer un régimen
militarista-populista que Chávez sostiene está implícito en el Capítulo VII de
la Constitución. Lo está. En 1999 fue advertido por mí que así sería. El
carácter antidemocrático del articulado del Título VII no sólo fue protestado
en 1999 por mí y por los constituyentes Brewer, Fermín y Franceschi, sino por
el constituyente Hermann Escarrá, quien a pesar de que era el supremo sacerdote
de la confección de la Constitución "bolivariana" salvó su voto sobre
el Título VII, por las mismas razones alegadas por nosotros.
La
interpretación que del articulado del Título VII hizo el Presidente sostiene
que la Constitución lo autoriza a crear una Fuerza Armada inorgánica,
invertebrada, al servicio de su persona y su parcialidad política; formado por
milicias populares, cuyo objetivo explícito es "defender la
revolución" con armas de sus enemigos, los venezolanos que son adversarios
de ésta y que son calificados y ahora enjuiciados por ultraje a la Fuerza
Armada y traición a la patria.
El
hecho de que semejante cosa hubiera sido el producto de los "grupos de
trabajo" del Consejo de Defensa de la Nación y que uno de sus miembros sea
el presidente del Tribunal Supremo de Justicia parecería garantizarle una interpretación
de la letra del Título VII de la Constitución cónsona con la interpretación que
el jefe del Poder Ejecutivo y comandante en jefe de la Fuerza Armada le da.
Un
primer resultado de esto es que hoy tenemos un nuevo Ejército, incapaz de
cumplir con su función primordial de defender la integridad territorial, al
punto de ser totalmente desmantelado. Por lo que el Presidente ha dicho, ha
hecho y anuncia hará, ese Ejército ya no será forjador sino destructor de
libertades. Estará enfrentado y verá como sus enemigos a los venezolanos que se
opongan a semejante desatino y se verá obligado a matar y a morir por ello.
Como
muestra de esta corriente, vemos como se trata hoy a los generales Rosendo y
Usón, a quienes se les acusa de ultraje a la Fuerza Armada por haber dicho la
verdad; y a líderes de la sociedad civil y democrática, como María Corina
Machado y Alejandro Plaz, a quienes se les acusa de ser enemigos del pueblo y
traidores a la patria por el delito de haber recogido y sistematizado las firmas
con las que se solicitó el referéndum revocatorio de Chávez, lo cual hizo que
fracasaran las trampas y atropellos con las que se quiso invalidarlas.
Una
pregunta que debemos hacernos hoy los venezolanos es si objetivamente lo que se
ha hecho y lo que se anuncia se hará significa un paso de avance o es un
proceso involutivo hacia estadios de la historia formativa del Ejército que
triunfó en Carabobo, y que se creía habían sido superados. La hipótesis que
propongo para que sea examinada y demostrada, con toda la contundencia que el
caso amerita, es que todo lo que se ha hecho y todo lo ha sido ratificado y
anunciado por el Presidente en las llamadas tres líneas estratégicas, que dice
han sido producidas por el Consejo de Defensa de la Nación, lleva a la destrucción
y al regreso del Ejército de Venezuela a lo que era en el siglo XIX: el
Ejército del partido, con la diferencia que en el siglo XXI de acuerdo con la
doctrina de la seguridad nacional, será el partido del Ejército.
Por
lo pronto tenemos que la "primera
línea estratégica" de la "nueva etapa antiimperialista de la
revolución bolivariana" expuesta por el Presidente anuncia que se
incorporarán 50 mil reservistas que se agregarán a los 50 mil que dice han sido
incorporados, sin que haya sido aclarado cuál es el estatus de obediencia,
disciplina y subordinación de estos reservistas en relación con la cadena de
mando militar existente; ofrece que el contingente del Ejército y la Guardia
Nacional será aumentado, para lo cual señala una suma global y, de paso,
amenaza con la creación de "teatros de operaciones" en el centro del
país, para "hacerle frente a invasiones" como la que dice se ha
producido y cuya veracidad está por demostrarse, pero que en cualquier caso
-farsa, verdad o media mentira- significarían la virtual suspensión de las
garantías constitucionales para el ejercicio de libertades en esos teatros de
operaciones; cuando menos, la libertad de tránsito.
Todo
lo que está implícito en la "segunda
línea estratégica" que anuncia la acentuación de la doctrina de la
"unión cívico-militar" es el aumento de la militarización del Estado
en todos sus niveles y ramas, por la ocupación por militares activos de más y
más cargos en la administración pública, los institutos autónomos y las
empresas del Estado, de manera simultánea con su cargo y autoridad militar.
Todo lo que se anuncia como la "tercera
línea estratégica" lleva a la creación de milicias populares,
separadas y desarticuladas de la Fuerza Armada, creadas para combatir a los
enemigos -reales o imaginarios- de su revolución, obedientes a su persona y a
los mandos de los militares retirados de su partido, el militarista MBR-200.
La doctrina Chavista de seguridad y
defensa La Constitución "bolivariana" de 1999 tiene un admirable
catálogo de derechos humanos. Pero lo que establece en el Título VII sobre la
"seguridad de la Nación" es un cáncer maligno y mortal que plantea la
posibilidad que esa Constitución sea la base de un gobierno que no podrá, con
propiedad, llamarse "democrático", pues estará sometido al tutelaje
militar. Las adulteraciones y
desviaciones que se producen con la prestidigitación y el manejo artero de los
conceptos abstractos de "seguridad", "defensa" y
"fuerza armada" se hacen posibles cuando se aíslan conceptualmente
los componentes orgánicos de lo que es una unidad viva e indivisible. Me
explico: cuando se le hace la autopsia a un cadáver, sus órganos pueden ser
aislados para estudiar y entender sus funciones y determinar la causa de su
enfermedad y muerte. Pero los órganos vitales de un cuerpo vivo no actúan
aislados; y la salud de uno no es la salud de todos. Sin embargo, la enfermedad
de uno lleva a la muerte de todos. Lo que es claro en la categoría orgánica de
la anatomía humana puede aplicarse a las abstracciones que se manejan para
construir el orden constitucional de un Estado con intenciones distintas a las
que se proclaman. La manipulación de las ideas y conceptos de seguridad y
defensa produce sofismas. El más viejo y mejor conocido de todos es el sofisma
que parte de la idea de la necesaria subordinación de la salud de todos los
órganos vitales del Estado al bienestar de uno de ellos. Con ello se justifica
la subordinación de los derechos individuales reales a un derecho colectivo
abstracto que tiene un solo intérprete que se abroga su representación.
En
el siglo XVIII este fue el camino argumental de las desviaciones de la
Revolución Francesa hacia la democracia jacobina, que partían de una mala
interpretación de lo que Rousseau argumentó para proponer la idea de la "volonté generale". A ella se
emparentó el pensamiento de Hegel. Y todo eso llevó a la justificación de los
Estados totalitarios del siglo XX. Aislar el concepto de la seguridad y la
defensa de su organicidad social es el primer paso dialéctico para justificar
la subordinación de toda la sociedad y de todas instituciones del Estado a la
interpretación que de las necesidades de seguridad y defensa haga el jefe
supremo. Ese fue el paso previo para la construcción de un sofisma
constitucional justificatorio de la tutela militarista de una tiranía populista
que es a lo que lleva el Título VI de la Constitución llamada 'bolivariana'. Su primera consecuencia es la
desviación y destrucción de las funciones y responsabilidades defensivas de la
Fuerza Armada y su conversión en el brazo armado de quien ha sido ungido como
el supremo intérprete de las necesidades de seguridad y defensa. Su última consecuencia es la total
inseguridad y la indefensión de los individuos y sus derechos frente al Estado.
La
Constitución de 1999 fue el producto de proposiciones incompatibles y
contradictorias. De allí su inorganicidad implosiva. Por un lado,
constitucionalistas como Ricardo Combellas y Hermann Escarrá llevaron
proposiciones que se materializaron en los avanzados y loables artículos relativos
a la democracia participativa, entre los cuales está el principio de la
revocabilidad de todo mandato electoral por medio de referéndum popular. Por
otro lado estaban las proposiciones militaristas de Chávez, que se manifestaron
en el Título VII de la Constitución. En 1999, el comandante Chávez propuso en
su proyecto de "Constitución bolivariana" que: "La seguridad y
defensa de la Nación es función trascendental del Estado y participa en ella
todo el pueblo venezolano". En el siguiente artículo establecía como
"obligación del Presidente de la República, defender los intereses
supremos de la Nación adoptando las medidas necesarias para asegurar la defensa
nacional"; reforzando esta obligación, convertida en derecho, con el
siguiente artículo que dice que "la máxima autoridad dentro del Sistema de
Defensa Nacional le corresponde al Presidente de la República". Sentadas
estas bases, en el Capítulo II, titulado "De los principios de Seguridad y
Defensa", Chávez definía lo que llama un "sistema de seguridad y
defensa" así: "La seguridad y defensa de la Nación se fundamentan en
el cumplimiento de los principios de independencia, democracia, igualdad,
libertad y justicia, así como en la satisfacción progresiva de las necesidades
individuales y colectivas de los venezolanos, con el fin de lograr su completa
realización humana".
De esta definición que lo abarca todo pasaba a un
artículo de 14 palabras que decía esto: "Los principios de seguridad y
defensa abarcan los ámbitos económico, social político y cultural".
Esto lo remata en el siguiente artículo en el que dice que "los principios
de seguridad y defensa constituyen el soporte para impulsar el desarrollo
integral de la Nación". En el Capítulo III del Título VI, relativo al
"Poder Público Nacional", Chávez decía que "el Presidente de la
República es el líder de la Nación, expresa la unidad nacional y se obliga a
garantizar los derechos y libertades de los venezolanos, la independencia,
integridad y soberanía del territorio y defensa de la República". En el
siguiente capítulo, Chávez proponía diversos grados de suprema
"jefatura" presidencial, dignas de Benito Mussolini... "El Presidente de la República es el
jefe del Estado, jefe del Gobierno, máxima autoridad administrativa y líder de
la Fuerza Armada con el grado de comandante en jefe". Con lo que creó un
grado militar nuevo. Acto y seguido Chávez propuso que el período
constitucional fuera de seis años, y que el Presidente fuera elegible para el
período posterior. Entre sus atribuciones estaba la de promover a los oficiales
de la Fuerza Armada a partir del grado de coronel, sin más requisito que su
voluntad, quitándole al Senado la función de aprobar los ascensos establecido
en la tradición constitucional venezolana, desde la Constitución de 1811
repetida por el Libertador Simón Bolívar en la Constitución de Angostura de
1819 y por todas las constituciones venezolanas. Además de ello, el Presidente
podía: "Convocar la movilización nacional y adoptar las medidas necesarias
para la defensa de la República, la integridad de su territorio y su
soberanía". Sin más requisito o condición que su voluntad.
Ni
las constituciones gomecistas dijeron que el Presidente tendría la facultad
para "declarar los estados de excepción y suspender las garantías"
sin que esta declaratoria se sometiera a control de otro poder o se previeran
modos de restituir la normalidad. Para
cerrar con broche de oro, el Presidente se atribuía la facultad de celebrar y
ratificar tratados "por razones de urgencia" "sin el requisito
de la aprobación previa de la Asamblea Nacional".
Esto lo propuso Hugo Chávez en 1999.
Hubo juristas respetables pero oportunistas que declararon públicamente que
esta proposición no afectaba al ideal democrático. Mucho de esto -no todo- fue aprobado por la
Constituyente, después de un forcejeo cuya historia algún día se contará. Yo
fui miembro de la Comisión de Defensa y de algo me pude enterar. Lo que para mí
era evidente en 1999 era que nadie podía cantar y pintar semejantes ideas como
creadoras de lo que debía ser la Fuerza Armada de un Estado de Derecho. No en vano, el ropaje preferido del
comandante en jefe es el del camuflaje en cuyas artes se ha revelado un maestro
digno del estudio de las artes aplicadas de Maquiavelo. Sembradas aquí y
allá había algunas proposiciones de relumbrón que atraían comentarios casi
siempre superficiales, cuando no frívolos, como el voto militar y la omisión de
la prohibición de deliberar, lo cual equivalía a su autorización el
levantamiento del secreto militar y el voto. Esto fue lo que llamó la atención
a la proverbial superficial frivolidad de los comunicadores, quienes las lanzan
al debate. Había otras proposiciones que no fueron acogidas como fueron
propuestas, como la Fuerza Armada singular, lo cual provocó fuertes reacciones
ante las cuales el presidente Chávez
hizo el repliegue táctico que tenía previsto para que todos quedasen contentos
y él se saliera con la suya en lo que le interesaba.
Lo más peligroso de todo lo que se
hizo en 1999, dentro y fuera de la Asamblea Constituyente, y lo que se hizo
después y tuvo consecuencias más destructoras, fue sentar las bases para la
militarización de la política como consecuencia de un modelo de Estado que
consagraba el tutelaje militar de la sociedad civil. Pero para poder hacer eso había que destruir las
bases éticas de lo que habían sido el Ejército de una sociedad democrática. Lo
que Chávez propuso como "Sistema de Seguridad y Defensa" y lo que en
definitiva se aprobó en la Asamblea fue la artera politización del estamento
militar implícito en todo lo que se puso en marcha bajo la excusa de su
"democratización" y su "inserción" en la sociedad de la
cual se decía estaba "aislada". Esto es lo que se cubrió con el
manejo falaz de los conceptos de la seguridad y la defensa. Para ello se dijo
que se le quitaría a la Fuerza Armada el carácter no deliberante y obediente y
se les otorgaría el derecho al voto a los militares.
Para
mí estaba claro que ello llevaba a la metamorfosis del poder militar en un
poder supraconstitucional de tutelaje sobre todos los poderes del Estado. Eso
no era nuevo. El avance habría sido emanciparnos de lo que de ello hay de
verdad en nuestra cultura política, no recaer en ello y menos acentuarlo. Su
nocividad no sólo está en lo que podría ser considerado como una perversión militarista,
corporativista o fascista. Eso sería fácil de corregir y erradicar. Su mayor daño está en que sus raciocinios
justificatorios, que son falaces y engañosos, halagan y empalagan la mentalidad
militar. Parten de sofismas y confusiones conceptuales que muchos militares
han hecho suyos. Llevan a que lo que se propone para una institución que es
fundamental a todo Estado, sea sometida a la voluntad de un hombre
torrencialmente adicto a la demagogia. Eso y la ineludible perversión de los
fundamentos de jerarquía, obediencia y subordinación, esenciales a cualquier
institución militar, hacen una mezcla volátil y explosiva. A esto añádanse las
consecuencias de la infección del estamento militar por los factores patógenos
que se le han estado inoculando a la sociedad venezolana con las
contradicciones y absurdos constitucionales que se han creado para todos los
ámbitos de la vida nacional. Sus resultados para el estamento militar han sido
y van a ser mucho más serios de lo que se piensa. Allí lo que se ha hecho es potencialmente proclive a convertirse en
enfrentamientos que no se resuelven con votos sino con balas. Las tempestades
que han sembrado y todavía no se han desatado tienen algo más que viento de
palabras huecas. No se puede olvidar que de lo que se trata en este caso es que
al componente militar se le han inoculado ideas y procedimientos
institucionales muy peligrosos en una institución formada por hombres armados. Aventar
a la institución militar al torbellino del debate que desencadenan los virus conceptuales
que hierven en la cabeza de su comandante en jefe, cultivados en caldos de
odios raciales y sociales acicateados, es un crimen imperdonable.
Por
ello, quienes hoy tenemos algo que decir, y podemos decirlo, debemos hablar
para intentar evitar lo que sucederá mañana si este mal no se corrige como debe
hacerse. Debemos hacerlo con la claridad y firmeza que hace falta para ubicar
los conceptos que se han usado para desorganizar y reorganizar a la Fuerza
Armada venezolana en las categorías de calificación que les corresponden, sin
dejarnos arrastrar por debates estériles acerca de cuestiones subalternas. Mañana será tarde.
Tomado
de ElNacional.com
