Intentar compensar las inevitables injusticias de la aritmética electoral ha sido materia de esfuerzo de todos los que han estudiado y propuesto sistemas electorales con ánimo de encontrar la forma más justa y perfecta. En muchos casos, los resultados han sido aún peores, pues al intentar crear un mecanismo de representación proporcional de minorías; se hace de los partidos el titular de la elección y se crean unas estructuras oligárquicas antidemocráticas. Nadie ha logrado un sistema electoral perfecto porque es matemáticamente imposible hacerlo. No se trata de los trucos y fraudes de quienes no están dispuestos a acatar los resultados de unas elecciones que amenacen cancelar sus privilegios. En el caso español se trataba de un sistema electoral estructuralmente errado, diseñado para hacer que las mayorías que adquirieran el aparente mandato de gobernar, no pudieran hacerlo.
En este caso, la ingobernabilidad no fue un accidente: fue el resultado de un sistema de partidos políticos nacidos de un sistema electoral. Y esto fue lo que los españoles lograron con el sistema electoral que adoptaron para la II República. Visto retrospectivamente su curso fue claro y sus resultados ciertos:
En las elecciones generales de noviembre de 1933 las simpatías de las mayorías cambiaron, la derecha obtuvo el 44% de los votos y la izquierda el 21%, pero tampoco pudo gobernar. Los españoles se engañaban al creer que la derecha era más capaz de gobernar que la izquierda. No se trataba de que lo fueran o no. Ese no fue el problema. Con el sistema electoral y el gobierno que este produjo, nadie podría gobernar nunca. La mayoría parlamentaria de derecha que tomo el gobierno en noviembre de 1933 era incoherente, débil e indecisa, y la minoría de oposición era aún más incoherente y débil, pero estaba unida en un solo punto: impedir que la mayoría gobernara de acuerdo a lo que entendía era su mandato. El sistema así lo permitía.
